No siendo ya posible un respaldo
religioso de la idea de justicia, ni tampoco pueda buscarse este en una
supuesta naturaleza pura y original, solo cabe entenderla como una realización
política que debe dar cabida tanto a la exigencia de derechos inalienables para
los individuos como la protección de los grupos y en especial los más
vulnerables, minorizados y amenazados en su supervivencia. La idea de justicia
debe pivotar sobre esa resolución de la dialéctica entre los individuos y los
grupos y la búsqueda de un equilibrio aunque sea inestable y precario en esa
zona de conflictos.
La realización más acabada de esa
idea es la existencia de un elenco abierto, flexible y ampliable de Derechos
Humanos. Solo desde ellos se ha podido apuntar hacia la existencia de una
Justicia universal; pero no debemos olvidar que esta idea solo se abrió camino
bajo las más severas amenazas y realidades del totalitarismo. Ahí se forjaron
conceptos como el de “crímenes contra la humanidad” y “genocidio”. Ello sitúa
en el foco del problema de la justicia bajo su relación con los Estados:
aspiramos a una justicia por encima del poder de los Estados, pero también
aspiramos a que los Estados encarnen esa justicia, ya que solo ellos tienen la
capacidad para implementarla. Y, por medio de los Estados, aspiramos a que la
justicia palíe en lo humanamente posible la inseguridad de la existencia y haya
un mínimo de protección ante las arbitrariedades de lo particular.
Por otra parte, sabemos que la
implementación estatal de la justicia ha sido históricamente inseparable del
uso de mecanismos de coerción y violencia, y que estos acaban por cobrar una
vida propia, independizarse de cualquier fin y vincularse solo a su
perpetuación, poniéndose al servicio de la protección de las élites de poder.
Contra la desmesura y las
arbitrariedades del poder, ya sea la defensa ciega de los privilegios o la
expansión y conquista de los Estados, contra individualismos egoístas y
tendencias imperialistas, la idea de justicia debe ser lugar de acogida para
las prácticas democráticas que surgen al margen del control estatal, y para
nuevos artefactos institucionales que se superpongan a él y encarnen, en la
medida de lo (im)posible, una forma superior de inteligencia general y
colectiva para la humanidad. Ello es necesario si queremos evitar la
disgregación salvaje de los particularismos tanto como los efectos nocivos y
destructivos de una autoridad desatada (esa que vemos hoy proliferar por la vía
de un refuerzo general del poder militar).
Queremos justicia, y también
queremos pan, y rosas.
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